Los elementos nuevos de la reforma constitucional

En el proyecto de reforma a la Constitución dominicana aparecen relevantes cambios e interesantes novedades.

A vuela pluma, sobresalen los siguientes elementos:

-La reivindicación formal de los derechos territoriales y el acceso y uso de los recursos naturales  ( incluyendo los hidrocarburos) existentes en las zonas terrestres y marinas del pais. No solo se reafirman los límites oficiales de la nación, sino que se añade el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina y se dispone que, mediante ley orgánica, se establezcan las líneas de base de su zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental de su mar territorial.

-Los requisitos para otorgar la nacionalidad a los extranjeros.Se aceptan como dominicanos a los nacidos en el territorio nacional de «padres desconocidos o apátridas», aunque no deja en claro cómo se esablecerá la condición de «apátrida» de sus padres.

Un Código puesto a prueba

Para la justicia de República Dominicana, la aplicación de un nuevo Código Procesal Penal ha representado un verdadero desafío.

De un sistema en el que el valor de la prueba parecía irrelevante, hemos entrado a otro en el que ningún imputado puede ser privado de libertad si no se comprueban fehacientemente, indiscutiblemente, incuestionablemente, los hechos de los que se le acusan.

Y esta circunstancia ha resultado ser una inesperada ventaja para los verdaderos criminales, reincidentes en diversidad de delitos, que se valen de los artículos garantistas del Código para eludir de inmediato la prisión preventiva una vez cometen la fechoría.

Presiones contra la Suprema Corte

En una sociedad que aspira a que se respete el principio de independencia y separación de los poderes, es inadmisible todo acto de presión contra la Suprema Corte de Justicia, como acaba de ocurrir en República Dominicana.

El Foro Social Alternativo, que agrupa a sindicatos y grupos, ha marchado hacia la sede de la Suprema para exigirle que apresure un fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad depositado por el FSA para anular las operaciones realizadas por el Gobierno con la Sun Land, por un monto de 130 millones de dólares, que ha generado una controversia en el pais.

La Suprema ha respondido que no aceptará presión para emitir el fallo y, en realidad, así debe de ser.