Un Código puesto a prueba

Para la justicia de República Dominicana, la aplicación de un nuevo Código Procesal Penal ha representado un verdadero desafío.

De un sistema en el que el valor de la prueba parecía irrelevante, hemos entrado a otro en el que ningún imputado puede ser privado de libertad si no se comprueban fehacientemente, indiscutiblemente, incuestionablemente, los hechos de los que se le acusan.

Y esta circunstancia ha resultado ser una inesperada ventaja para los verdaderos criminales, reincidentes en diversidad de delitos, que se valen de los artículos garantistas del Código para eludir de inmediato la prisión preventiva una vez cometen la fechoría.

Apenas se les dictan medidas de coerción, las más comunes de las cuales es la obligación de presentarse a las audiencias o a una autoridad judicial para simple monitoreo, en lo que un juez decide si de verdad fue culpable y amerita condena de prisión o multas por el delito imputado.

Una novedad insólita, que pocas veces habían experimentado los ciudadanos, es ver en las calles, a poco de suceder un caso o iniciar un proceso contra un imputado, al autor del delito que se mueve como si nada hubiese pasado.

Ha habido denuncias de que algunos de esos individuos han tomado represalias contra sus acusadores, o que han salido de la  prisión preventiva, que no puede durar mas de tres meses, y han buscado a los querellantes y los han agredido, cuando no asesinados.

Se plantea la necesidad de que se reformen algunas partes del Código, para que sea menos “benevolente” o flexible. De hecho, es tan flexible que más de mil acusados se encuentran en calidad de “prófugos” de la justicia, porque no hacen caso a las medidas de coerción que los obligan a presentarse ante los jueces con determinada frecuencia.

Muchos de esos son traficantes o consumidores de drogas, naturalmente propensos a delinquir de nuevo.

No hay dudas de que el Código tiene sus debilidades y estas debilidades, que se hacen patentes ya en una desconfianza de las víctimas para llevar hasta el final -o simplemente para formalizar- los procesos judiciales. Muchos ni siquiera van a las fiscalías a poner las querellas, porque dudan de que haya sanción ejemplar para los imputados.

Ante todo, está la sociedad y las garantías para la protección de sus derechos y deberes. Si la sociedad no se siente plenamente satisfecha con el Código Procesal Penal, pues que se depure, se someta a reforma y se rediseñe de conformidad con la realidad, la cultura y los deseos de los ciudadanos cumplidores de las leyes.

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