Legalidad y legitimidad

El principal partido de oposición de República Dominicana -el PRD- ha decidido no colaborar con el nuevo gobierno bajo el argumento de que aún siendo legal por efectos de un mandato electoral, es ilegítimo en su orígen, porque abusó de los recursos del Estado para imponerse en los comicios.

Se abre, así, un debate sobre lo que es legal y legítimo, tan viejo como la misma historia republicana.

La Junta Central Electoral acaba de certificar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 16 de mayo, en las que obtuvo, con ayuda de aliados, el 53.8 porciento de los votos.

Hasta ahora, no ha habido ninguna impugnación formal a los resultados, lo que evidencia que la voluntad popular se inclinó por el PLD y, en las democracias, el único factor de legitimación es ella, la voluntad del pueblo libremente ejercida.

Los gobiernos se deslegitiman en la medida en que se apartan de los marcos de la ley, aunque ha habido casos de gobiernos de origen ilegítimo ( como aquellos que surgen de asonadas o revoluciones), que luego se “legitiman” al restaurar el imperio de la ley en una nación que estuvo bajo el yugo de una dictadura o de un régimen que, siendo legal, atropelló los fundamentos éticos y morales que la sociedad defiende y preserva a través de sus leyes.

Legítimo, para los tratadistas y filósofos políticos, es aquello que guarda conformidad con la justicia, la equidad, la paz, la dignidad del hombre, la libertad y otros grandes valores humanos. La legitimidad se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido.El origen del poder éstá, por tanto, en la voluntad popular. Y esto es lo que realmente ha acontecido en el caso del PLD.

Si fuésemos a aplicar rigurosamente el concepto de lo legal y lo legítimo en la historia del cambio de poder en la República Dominicana, habría que considerar como un caso sui-generis el de Hipólito Mejía y el PRD, que no obtuvo la mayoría constitucional de votos en la primera vuelta del año 2000 y que, en su desempeño, violentó varias veces la carta magna y el marco de valores éticos de la sociedad, permitiendo que jefes de pandillas de narcotraficantes usurparan funciones oficiales y utilizaran al pais, impúnemente, como puente y mercado de las drogas.

La corrupción, la impericia, la negligencia y la imprudencia en algunos actos del poder de aquel régimen lo invalidaban, de hecho, pero la sociedad nunca asumió una actitud de resistencia pacífica o violenta a sus decisiones. Solo lo hizo mediante el voto popular. Y de qué manera: con el más contundente rechazo a su candidatura reeleccionista y con el mayor apoyo a su contrincante, el hoy presidente Fernández, que parece haber repetido la historia el 16 de mayo con otra victoria arrolladora.

La transparencia de los comicios y el hecho sobresaliente, como planteamos, de que por primera vez en la historia electoral democrática no hubiese ninguna impugnación, ninguna sustracción de urna, ningún maniqueísmo ni ningún “Plan B” para abortar esa voluntad, legitiman en su origen al nuevo gobierno.

Que luego se deslegitime, por contrariar los marcos éticos y legales, es otra cosa…

Foto: Juan Santos/Listín Diario

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