Espaldarazo a la ley de acceso a la información

Las entidades públicas y los funcionarios que las dirigen suelen ser reacios al cumplimiento de la ley de acceso a la información.

No les gusta, para nada, que cualquier ciudadano o mucho menos un periodista escudriñador les reclame la entrega de papeles o documentos cuyo conocimiento y divulgación pueden interesar al pueblo.

Esta actitud refleja, de manera primaria, el miedo que muchos de los interpelados tienen a la transparencia, al manejo claro de los dineros de los contribuyentes, y de ahí que ante el más elemental reclamo de información busquen todas las excusas y evasivas para no darlas.

Con este comportamiento, le hacen un pobre servicio al fortalecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho del país, pues la ley de acceso a la información no es una herramienta exclusiva para el uso de los periodistas, sino de todo el ciudadano.

Esta ley acaba de pasar su prueba de fuego. La Suprema Corte de Justicia ha ordenado que la entidad constructora del Metro de Santo Domingo entregue al periodista Huchi Lora los estudios geológicos y técnicos que sustentan la multimillonaria obra, tras una negativa inicial.

Esa negativa le dio un sabor interesante a esos papeles. Y como el Metro se ha ido construyendo sin que se ofrezcan sus pormenores al pueblo, de cuyos bolsillos salen los recursos todavía incuantificados que consumirá, la información relativa a la obra suscitó, como es lógico, el mayor interés.

Pero más allá de toda la curiosidad que ella despierta, lo importante es que con este dictamen la Suprema rompe de cuajo todo bloqueo a la información exigida -que el pueblo necesita saber- y manda un mensaje al resto del sistema público de que es inadmisible que cualquier funcionario trate de resistirse al mandato de la ley 200-04, siempre que sea legítima, viable y correctamente canalizada la solicitud de información que está procurando.

El que se niega es por algo. Y así de sencillo delata toda pretensión de ocultar o escamotear la información elemental y pública a la que todo el país tiene derecho de acceder.

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