Ya se ha logrado un avance significativo en México, que dio ese paso el 6 de marzo, así como en otros siete países de la región (Honduras, Costa Rica, Argentina, Perú, Uruguay y Guatemala) que han eliminado la pena contra los “desacatos” a la autoridad pública y las figuras de la “difamación”, “injuria” y “calumnia”.
No es que, de golpe y porrazo, estas despenalizaciones abran un marco de mayor garantía para el trabajo de los periodistas y sus medios. Las amenazas siempre penden sobre este ejercicio y sobre las vidas de nuestros colegas. Pero no hay dudas de que al eliminar estas penalidades, se estrechan las posibilidades de que por vía judicial los gobiernos mas intolerantes y retrógrados encuentren una excusa “legal” para castigar y desalentar las criticas y las denuncias que se formulan a través de la prensa.
En algunos casos, por ejemplo, en países donde predomina el carácter autonómico de algunas regiones, esta despenalización no ha sido generalizada, sino focalizada en aquellas capitales que la han asumido en sus propias legislaciones internas.
Lo mismo pasa con el trabajo de vencer la impunidad de crímenes cometidos contra periodistas, cuyas investigaciones dependen de la voluntad de esas regiones autónomas para permitir que tanto la SIP, como la Relatoría de Prensa de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, puedan concertar acuerdos con las autoridades judiciales locales con ese fin.
En nuestro país predominan todavía en la ley 6132 esos delitos ya despenalizados en otros lugares donde la tradición democrática no es tan ostensible como la nuestra.
Hubo un esfuerzo a finales del 2004 para lograr ese objetivo, al redactarse un nuevo proyecto de ley que enmienda la 6132. El proyecto fue sometido a las cámaras legislativas, pero no le han hecho el caso necesario.
Al seguir abierta una ventana para la persecución judicial de los periodistas, estos deben cuidar con rigor el alcance de sus denuncias ya que bajo cualquier pretexto llueven sobre ellos las demandas por injuria, calumnia o difamación, lo cual, sin ninguna duda, contribuye a acentuar la autocensura, una de las más desagradables tendencias que pueden afectar el pleno ejercicio de la libertad de expresión aquí y en cualquier otra parte de nuestro continente.
Es momento de que las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas se movilicen para reclamar a nuestro Congreso Nacional que apruebe estas reformas indispensables a la ley 6132, para que el país pueda insertarse dentro del grupo de naciones que han robustecido las garantías legales para este ejercicio, clave en las sociedades democráticas autenticas.
El autor es miembro de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa y del comité ejecutivo de la Organización Mundial de Periódicos (WAN)
La opinión de Miguel Franjul 